Por un presupuesto justo y una Ley Nacional de Cultura

El tercer día del 2º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria empezó con la marcha de los colectivos salvadoreños. Cerca de 1.000 personas, la mayoría representantes de las Casas de la Cultura, salieron de la Universidad de El Salvador rumbo a la Asamblea Legislativa la mañana de este jueves (29/11), pidiendo un presupuesto justo y la aprobación de una Ley Nacional de Cultura.

La movilización para que se destine a las organizaciones comunitarias el 0,1% del presupuesto nacional es una de las apuestas políticas más importantes del movimiento de Cultura Viva que ha ganado el continente. Se aprobó la campaña en el 1º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en La Paz (Bolivia), en mayo de 2013.

Teniendo en cuenta que la Unesco recomienda a todos sus países miembros que destinen a la cultura al menos el 1% del presupuesto nacional, las redes latinoamericanas de Cultura Viva consideran que al menos el 0,1% de ese montante debe ser reservado a las actividades de las organizaciones comunitarias.

La necesidad de una política de Estado

En un artículo incluido en el libro Cultura Viva Comunitaria: Convivencia para el bien común, lanzado durante el congreso en El Salvador, Marlen Argueta y Alan Barrera citan las razones por las cuales la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria defiende la intervención del Estado para que se destine al menos el 1 % de los presupuestos nacionales para la cultura y el 0,1% para la cultura viva comunitaria. Son cuatro:

1) “La cultura es indicador de la importancia que un estado le da a su población como fuerza libre, creativa y protagonista de su historia. En una sociedad como la salvadoreña, en la que prevalecen otras urgencias y necesidades, la creatividad de la gente y estos espacios libres de la cultura no se reproducen de manera automática, sino que es necesario estimularlos.

2) El Estado debe hacer cumplir el precepto constitucional que en su Art. 1 establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la cultura y de su Art. 53 que establece que la cultura es inherente a la persona humana y que, por tanto, el Estado la tiene como obligación y finalidad primordial. De ahí la intervención pública. No tanto para que el estado asuma la cultura viva comunitaria, sino para proporcionar los espacios y herramientas que permiten a los ciudadanos convertirse en agentes culturales plenos en un proceso de diálogo e intercambio permanente.

3) Creemos que la Cultura Viva Comunitaria es la única posibilidad real para resistir a la oferta de las pandillas que acosa a nuestros jóvenes en los barrios, comunidades y cantones, y de ofrecer otros horizontes de vida.

4) Apelamos a la idea de que lo público lo ejercemos todos y todas y que en ese sentido, también somos protagonistas de las gran decisiones del país”.

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